Tras una resistencia inicial y un intenso debate, la Cámara de Representantes ha aprobado la importante reforma estructural del sistema nacional de salud propuesta por el Gobierno. El proyecto de ley 339 de 2023, de 104 páginas, dirigiría radicalmente el control de la financiación de la salud de las empresas privadas al gobierno, con el objetivo de mejorar la gestión financiera, garantizar el acceso a la sanidad en las zonas rurales y promover la atención preventiva. El proyecto está ahora en el Senado.
Código de Acción: Monitorear
Si se aprueba el proyecto, los detractores de la reforma han prometido recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Otras ambiciosas reformas propuestas por el Gobierno son las del sistema nacional de pensiones (ver Global News Brief - Colombia: Propuestas de reforma al sistema nacional de pensiones) y al código laboral (ver Global News Brief - Colombia: Reforma laboral sustancial en el horizonte), y siguen estancadas en la Cámara de Representantes.
Datos clave
Colombia tiene un sistema de salud universal en el que los residentes deben afiliarse a una entidad aseguradora pública o privada (Entidad Promotora de Salud – EPS), que a su vez contrata los servicios de profesionales y proveedores de salud (Instituciones Prestadoras de Salud – IPS).
Las EPS se financian con las cotizaciones de los empleados y empleadores y con subvenciones públicas. Los beneficios incluyen una variedad de cuidados médicos mayores y menores, productos farmacéuticos, cuidados de maternidad y cuidados pediátricos. La reforma, si se promulga, implicarían, entre otras cosas:
Las propuestas no modificarían los niveles de cotización de empresarios y trabajadores ni la cobertura de los beneficios del sistema.
Implicaciones para las empresas
A pesar de que en general el sistema proporciona buenos niveles de atención (en términos de cobertura y costo) y de tener uno de los gastos de bolsillo de los pacientes en atención médica más bajos del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia tiene problemas con las listas de espera para asignación de citas y la calidad y disponibilidad de la atención médica. Según datos de la OCDE, en el 2022, el gasto médico total equivalía al 8.1% del PIB, y el gasto público y obligatorio representaba el 75% de todo el gasto mientras que los seguros médicos privados y los gastos de bolsillo representan la mayor parte del gasto privado.
Una encuesta de WTW identificó que la mayoría de las empresas (82%) participantes ofrecen una cobertura complementaria para facilitar el acceso a especialistas y tratamientos especializados. La prestación complementaria suele organizarse a través de un sistema de pólizas voluntarias de medicina prepagada o seguro médico, mientras que la atención se pacta con redes privadas de proveedores de servicios.
Es probable que la creación de un sistema médico público de único pagador aumente el interés por los seguros médicos privados. Los empleadores deben seguir de cerca la evolución de la legislación y considerar los posibles efectos en su fuerza de trabajo y en su cobertura médica complementaria.
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