Confiar en el sistema de pensión pública no debe frenar una estrategia previsora de cara al futuro centrada en el ahorro a largo plazo
La confianza en el sistema público de pensiones está maltrecha. Cada vez más estudios señalan que una parte importante de los trabajadores jóvenes duda que vaya a recibir una pensión pública de jubilación cuando abandone el mercado laboral. El mensaje de los serios desafíos a los que se enfrenta la Seguridad Social y la importancia de ser previsor de cara al futuro parece estar calando entre los más jóvenes.
Los millennials, los nacidos en las dos últimas décadas del siglo XX, forman hoy una de las generaciones más representadas en el mercado de trabajo. Su jubilación todavía les queda lejos y, sin embargo, es algo que tienen en mente. Además de la desconfianza en el sistema público de pensiones, cada vez más trabajadores jóvenes apuestan por empezar a ahorrar a largo plazo. La pregunta que se hacen muchos es: ¿tendremos o no una pensión pública para todos?
El diagnóstico del estado de salud del sistema público de pensiones español está claro. En la última década, la Seguridad Social ha atravesado una serie de problemas financieros que han mostrado las debilidades del sistema. Sin embargo, esto no significa que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Es decir, el sistema de pensiones se mantendrá en el futuro, aunque es probable que sus condiciones cambien y la cuantía de las pensiones sea menos generosa que en la actualidad para asegurar su viabilidad.
El desafío principal del sistema es demográfico. Con una población cada vez más envejecida, la proporción de jubilados frente al número de trabajadores activos será cada vez mayor. La tendencia en España, con una de las mayores esperanzas de vida del mundo y una tasa de natalidad baja, no se frenará en el futuro. En 2050, se estima que un 30% de la población tendrá más de 65 años. Hace una década ese porcentaje era del 17%.
El desafío es común para casi todos los países desarrollados. Más allá de los pormenores de cada uno, un sistema de reparto como el español depende de que haya suficiente población activa para financiar, vía impuestos a la Seguridad Social, las pensiones. Las cotizaciones de cada trabajador no se guardan para su propia jubilación, sino que se usan para pagar las de los jubilados del presente. Se trata de un sistema que depende por completo de la solidaridad y el reparto entre generaciones.
En una situación demográfica como la actual, la proporción de jubilados frente trabajadores, lo que se conoce como la tasa de dependencia, será cada vez menor. En los últimos meses, esa tasa de dependencia en España ha estado por debajo de dos. Es decir, hay menos de dos afiliados a la Seguridad Social por pensionista. Ante este escenario, se han planteado diferentes salidas, como son reforzar la financiación de la Seguridad Social vía impuestos, contener el gasto en las pensiones o fomentar la cultura del ahorro privado.
Garantizar el pago de las pensiones públicas ha sido una de las prioridades de los últimos gobiernos, fuese cual fuese su color. Tras las reformas aplicadas al sistema en 2011 y 2013, y tras más de cuatro años de negociaciones intensas en el seno del Pacto de Toledo, 2020 ha marcado el inicio de una nueva reforma del sistema de pensiones.
Entre otras cosas, se estudian vías para garantizar el pago de las pensiones en el futuro y se apuesta por la implantación de planes complementarios de pensiones y, en particular, aquellos promovidos desde las empresas. Todavía no es seguro de qué manera las recomendaciones del Pacto de Toledo se traducirán en reformas concretas, pero el consenso alcanzado entre la mayoría de partidos políticos señala que la defensa del sistema público es una prioridad. Es decir, se apliquen los cambios que se apliquen, las pensiones públicas seguirán existiendo en el futuro.
Sin embargo, confiar en el sistema no debe frenar una estrategia previsora de cara al futuro. Es muy probable que las condiciones de acceso y la cuantía de las pensiones cambien, por lo que no está garantizado que cobrar una pensión pública sea suficiente para mantener el poder adquisitivo que cada uno considere aceptable. El ahorro a largo, a través de instrumentos como los planes de pensiones, es clave para mantener el nivel de vida una vez abandonado el mercado laboral.
Muchos estudios, como la Global Benefits Attitudes Survey de Willis Towers Watson, señalan que el ahorro a largo plazo solo se convierte en una prioridad a partir de los 40 o 50 años, cuando la jubilación empieza a parecer un horizonte más cercano. Sin embargo, el esfuerzo ahorrador es menor a edades más tempranas (ya que las cargas económicas son menos importantes) y las posibilidades de rentabilidad a largo plazo son mayores, dado que se pueden asumir riesgos más elevados.
Así, cuanto antes se empiece a ahorrar, mayor será la cuantía disponible cuando nos jubilemos. Lo será porque habremos ahorrado más cantidad y porque habremos podido asumir un perfil de mayor riesgo durante más tiempo, aumentando la rentabilidad de lo ahorrado. Además, la disciplina del ahorro aportará muchos otros a lo largo de los años. En resumen, no hay por qué temer la desaparición del sistema público de pensiones, pero debemos ser conscientes de sus desafíos y ser lo más previsores posibles de cara al futuro.
