Hace algunos meses el gobierno aprobó la ley 21/2021 la cual tiene como propósito principal, además de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, establecer otras medidas de refuerzo persiguiendo la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. En términos generales esta ley define que las pensiones serán revalorizadas con el IPC medio anual, derogando el antiguo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).
También, plantea una modificación en los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria, y en el caso de jubilación demorada define un porcentaje adicional del 4% que puede ser sustituido por un pago único en el momento de la jubilación o bien en forma combinada, es decir, capital y renta. Por último, esta ley deroga el Factor de Sostenibilidad (FS) y transfiere a la administración central una parte de los gastos (Gastos impropios) hasta ahora financiados por parte de la administración de la seguridad social.
A pesar de que se cree que esta nueva reforma puede suponer una reducción en la tasa del gasto en pensiones vs el PIB, sus efectos no están garantizados y, por tanto, lo más probable es que en el futuro próximo el gobierno implemente nuevas reformas, teniendo en cuenta que al derogar el IRP y el FS se proyecta que para 2050 España lideraría la zona Euro con un gasto público del 16,5% del PIB de acuerdo con el documento “The 2021 Ageing Report”.
Si bien, la experiencia previa hace pensar que no habrá un cambio estructural del sistema (Cuentas nocionales, mecanismos de equilibrio automático, etc.), las potenciales reformas estarían encaminadas en primer lugar, a aumentar el periodo de cálculo en la base reguladora, es decir, pasar de considerar los últimos 25 años laborales a los últimos 35 años, lo que supondría una reducción promedio del 8.8% de la pensión inicial al momento de la jubilación. En segundo lugar, aumentar la edad de jubilación, tal vez como en otros países de la zona donde han anclado la edad efectiva de jubilación al incremento de la esperanza de vida.
Buscando comprender el impacto que podrían llegar a tener estas reformas sobre la tasa de sustitución (Ratio entre la pensión inicial prevista y el último salario) y cuyo valor optimo se encuentra alrededor del 90% que sería comparable al 100% del último salario considerando los beneficios fiscales que se tienen como jubilado, el Observatorio de las Pensiones de WTW, han realizado un estudio para tres generaciones representativas del colectivo laboral.
En el caso de los jóvenes, representados por una persona de 25 años, que se jubilará a los 67 años tras haber cotizado 35 años, cuyo salario actual es de 25.000 Euros, se han hecho los siguientes hallazgos: Si se considera únicamente la última reforma de la ley 21/2021, el empleado joven deberá realizar un esfuerzo asumible de ahorro (1.7% de su salario durante los 35 años de cotización) para llegar a la meta de tasa de sustitución, sin embargo, si su carrera laboral es más corta, por ejemplo de 30 años, entonces deberá hacer un esfuerzo mayor de ahorro incrementándose a un 7,9% de su salario durante los 30 años cotizados. Por el contrario, en el caso de carreras más largas de 35 años practicante no sería necesario ahorrar. Si el joven tiene un salario alto, por ejemplo 42.000 euros, deberá ahorrar anualmente un 6.5% de su salario.
Ahora bien, si se implementaran las dos potenciales reformas descritas anteriormente, entonces los esfuerzos de ahorro deberán ser mucho más significativos. En este caso, cotizando durante 35 años la persona deberá pasar de ahorrar un 1.7% a un 9.3%. Si la carrera laboral es más corta, para llegar a una tasa de sustitución del 90% sería necesario ahorrar un 18.2% de su salario, un esfuerzo prácticamente inasumible. Si el salario es alto, entonces pasará de ahorrar un 6.5% a un 9.3%.
El escenario de los trabajadores consolidados, representados por una persona de 40 años, que se jubilará a los 65 años tras haber cotizado 38,5 años, cuyo salario actual es de 42.000 euros, se alcanzaron las siguientes conclusiones: Si se considera únicamente la última reforma el empleado consolidado deberá ahorrar un 5% de su salario durante los 25 años restantes de vida laboral, sin embargo, si su carrera laboral es más corta, por ejemplo de 30 años, entonces deberá hacer un esfuerzo mayor de ahorro incrementándose a un 17,1% de su salario. Por el contrario, en el caso de carreras más largas de 38,5 años el porcentaje se reduce a 7%. Si el empleado consolidado tiene un salario alto, por ejemplo 65.000 euros, entonces tendrá que ahorrar un 6% anual para llegar al umbral de tasa de sustitución crítico del 60% y un 34.5% para llegar a la meta en este indicador del 90%, siendo este valor extremadamente alto.
Si adicionalmente se tienen en cuenta las potenciales reformas, entonces, el escenario se hace aún más crítico, el empleado consolidado pasará de ahorrar un 5% a un 9.6% para las condiciones estándar supuestas para el mismo. La proporción de incremento en el porcentaje de ahorro sería más o menos la misma para el resto de las posibilidades. Si el empleado consolidado tiene un salario alto requerirá ahorrar poco más del 38% anual para llegar a la tasa de sustitución del 90%.
Finalmente, analizando el tercer grupo, los seniors, representados por una persona de 55 años, que se jubilará a los 64 años tras haber cotizado por 38 años, cuyo salario actual es de 65.000 euros, se obtienen estos resultados: bajo las características base obtendría una tasa de sustitución muy baja (55,3%), tanto porque su salario es muy alto y la pensión estaría topada por el límite máximo, como porque accede a la jubilación de forma anticipada (64 años) con la penalización correspondiente. En consecuencia, este individuo no podría mantener su nivel de vida en la jubilación ya que la tasa de ahorro llega casi al 100%, al tener solo 9 años para ahorrar. Debería aceptar una pérdida importante de nivel de vida (ahorrando el 12,7% podría llegar a una tasa bruta de sustitución del 60%) o debería disponer ya de un ahorro previo relevante para la jubilación. Lógicamente, la situación mejoraría a medida que se retrasa la edad de jubilación. No obstante, ante la tardía respuesta o planificación para la jubilación, las tasas de ahorro necesarias para mantener el nivel de vida tras la jubilación seguirían siendo muy altas.
En caso de que se llegaran a implementar las nuevas reformas, las tasas de sustitución bajarían sólo ligeramente, entre 1 y 6,5 puntos. La consecuencia sería una necesidad de ahorro moderadamente superior a la del supuesto sin reformas, pasando de una tasa de ahorro del 12,7% al 16,2% en el caso base para poder alcanzar una tasa de sustitución del 60%.
De estos resultados se puede concluir que cuanto menor sea el salario, mayor es la tasa de sustitución. Con salarios altos, la tasa de sustitución es menor debido al tope máximo de la pensión pública. Si se anticipa la edad de jubilación las penalizaciones pueden ser importantes (caso de 24 meses de anticipación) y la tasa de sustitución es menor. Por el contrario, si se demora, la tasa será mayor. Respecto a los años cotizados, una carrera laboral corta también penaliza la pensión y la tasa de sustitución es menor. Una vez alcanzada la carrera laboral completa se obtiene la mejor tasa de sustitución sin que años trabajados adicionales supongan ninguna mejora (a no ser que la edad de jubilación sea superior a la legal).
Finalmente, si se detectan problemas graves de sostenibilidad en el sistema público, las reformas futuras implicarán menores tasas de sustitución en todos los casos, con fuertes descensos en algunos de ellos. Cuanto más joven se es, más margen de maniobra se tiene, por tanto, una vez más se evidencia la importancia de hacer una planificación correcta desde el comienzo de la edad laboral. Igualmente, nunca es tarde para comenzar a planificar, siempre se pueden mejorar las condiciones financieras en la futura jubilación.
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| Informe - Análisis del impacto en la tasa de sustitución y tasa de ahorro | .3 MB |
