El Congreso de los Diputados acaba de convalidar el Real Decreto-ley 2/2023 para una nueva reforma del sistema de pensiones públicas de España. El paquete de medidas, que recibió el visto bueno definitivo del parlamento el 30 de marzo, incorpora las recomendaciones de 2020 del Pacto de Toledo y busca, según el propio ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, blindar la revalorización de las pensiones, reforzar los ingresos del sistema y mejorar su equidad. Pero, ¿cuáles son realmente las novedades que supone la reforma de las pensiones?
Resolver los desafíos a los que se enfrenta la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones han sido el objetivo de las diferentes reformas del sistema que se han introducido en la última década. La reforma legislativa recién aprobada, sin embargo, va un paso más allá e introduce novedades en los sistemas de cálculo, de reparto y, lo más importante, de financiación.
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La reforma introduce un nuevo método de cálculo de las pensiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, aunque este coexistirá con el actual hasta 2044. La fórmula actual para calcular la base reguladora de la pensión, vigente desde el año pasado, tiene en cuenta las cotizaciones del trabajador en los 25 años anteriores al momento de la jubilación. El nuevo sistema tendrá en cuenta los 29 últimos años de carrera, con la posibilidad de descartar los 24 meses con peores cotizaciones.
Será siempre la Seguridad Social la que elija cuál de las dos fórmulas aplicar, en función de que sea lo que más beneficie al pensionista. Eso sí, a partir de 2044, ya no habrá opciones y el periodo de cotizaciones será siempre de los últimos 29 años. Lo que no se modifica es el mínimo necesario de cotizaciones para acceder a una pensión contributiva (seguirá en 15 años) ni la edad mínima para acceder a la jubilación.
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La reforma busca reforzar el incremento generalizado de las cuantías de las pensiones, incluyendo las máximas. Las más beneficiadas, eso sí, serán las pensiones mínimas: la norma contempla que vayan subiendo de forma gradual durante los próximos cuatro años hasta alcanzar el 60 % de la renta mediana en España. También establece un complemento de brecha de género, que solo se mantendrá mientras la diferencia entre las pensiones de hombres y de mujeres sean superiores al 5 %. Este complemento irá ligado al IPC y entre 2024 y 2025 se subirá un 10 % adicional.
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El aumento de las pensiones que contempla la ley, así como el ya experimentado durante los últimos años, obliga a introducir nuevas fuentes de financiación del sistema con el objetivo de hacerlo económicamente sostenible a medio y largo plazo. Este incremento de los ingresos del sistema se hará a través de tres vías:
El Real Decreto-ley 2/2023 de reforma del sistema de pensiones no ha dejado indiferente a nadie y no son pocas las entidades que han expresado sus críticas ante una norma que, consideran, deteriora la equidad contributiva y la sostenibilidad del sistema de pensiones, que a pesar de los cambios no queda garantizada a largo plazo. En esta línea se ha manifestado, por ejemplo, el Instituto de Actuarios Españoles (IEA), que ha publicado un informe que insiste en las siguientes claves:
“La reforma incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, lo cual es positivo, pero retrocede en fortalecer la sostenibilidad, entendida como la capacidad presente y futura del sistema de atender los compromisos que adquiere, y potenciar la equidad del sistema, es decir, la equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido“, explica Gregorio Gil de Rojas, senior director, WTW, y responsable del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del IAE.
De acuerdo con el colegio profesional, es necesario crear una Oficina del Actuario Jefe que funcione como un organismo independiente que se encargue de llevar a cabo los cálculos y las proyecciones precisas de ingresos y de gastos del sistema de pensiones de la Seguridad Social, tanto con las reglas actuales como con cualquier modificación que se quiera introducir en el futuro.
