El sistema público de pensiones de España lleva más de una década en la cuerda floja. La crisis financiera de 2008 destapó las debilidades de un sistema del que cada vez dependen más pensionistas durante más tiempo y en el que los aportes de los trabajadores en activo vía impuestos no llegan para cubrir un gasto creciente. Pero, ¿cuánto se gasta realmente en pensiones en España? ¿Y qué se puede hacer para estabilizar la situación y lograr la ansiada sostenibilidad económica del sistema? Este es el coste real de las pensiones, explicado en siete datos clave.
01
Los últimos presupuestos generales del Estado, del año 2023, sumaron un total de 450 721 millones de euros. En ellos, 190 684 millones fueron destinados al pago de las pensiones. Es decir, más de 4 de cada 10 euros de todo el presupuesto público. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social se llevaron el 35,43 % del presupuesto y las de clases pasivas un 4,52 %. Por comparar, el gasto en subsidios de desempleo es del 4,72 % y en defensa, del 2,73 %. Estos porcentajes, además, han ido aumentando con los años. En 2007, las pensiones suponían el 33,85 % de los presupuestos y en 2014 el 40,59 %. Se espera que el gasto en pensiones siga aumentando de forma gradual en los próximos años.
02
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el mes de febrero de 2024, la nómina de las pensiones contributivas fue de 12 668 millones de euros, de los cuales más del 73 % fue destinado a las pensiones de jubilación. El gasto mensual supone un 11,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que ha disminuido ligeramente en los últimos años (en 2020 fue del 12,4 %) porque, aunque el gasto en pensiones ha aumentado, el PIB lo ha hecho en mayor medida.
03
El aumento del gasto en pensiones en España está impulsado, en gran medida, por el envejecimiento de la población, lo que hace que cada vez haya más pensionistas por cada trabajador en activo y que, además, los pensionistas disfruten de las prestaciones durante más años. Hoy hay 2,24 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista, pero las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España señalan que en 2050 habrá solo 1,35 trabajadores en activo por jubilado (aunque el dato final dependerá de la evolución de los diferentes escenarios demográficos).
04
Otro de los factores que influyen en las tensiones del sistema de pensiones es la llamada tasa de sustitución, que mide la relación entre el último salario percibido y la prestación por jubilación (o, lo que es lo mismo, la pérdida de poder adquisitivo tras abandonar el mercado laboral). En España, la tasa de sustitución de las pensiones contributivas está en el 80,4 %, según el informe Pensions at a Glance de la OCDE. La media de los países de la organización está en poco más del 60 %.
05
El llamado desafío demográfico y la elevada tasa de sustitución tienen una consecuencia evidente: los ingresos son cada vez más escasos para hacer frente a una nómina de pensionistas en aumento. Esto ha provocado que el sistema público de pensiones esté en números rojos desde 2011, a pesar de las diferentes medidas establecidas para corregir la situación. En 2017, el déficit de las pensiones alcanzó el 1,7 % del PIB y desde entonces se ha ido reduciendo gradualmente (aunque no tanto como para volver a números positivos): en 2023 fue del 0,5 %, de acuerdo con los datos preliminares del ministerio.
06
Otra de las consecuencias del aumento del gasto por encima del aumento de los ingresos es la reducción del llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones. Esta herramienta busca garantizar el pago de las prestaciones en aquellos casos en que el sistema no pudiera hacerlo por medios propios debido al desajuste entre ingresos y gastos. La hucha de las pensiones acumulaba en 2011 66 815 millones de euros, pero en los últimos años llegó a quedarse con poco más de 2000 millones. En 2023, todo apunta a que se recuperará ligeramente hasta los 5300 millones.
07
Desde 2021, la revaloración anual de las pensiones vuelve a estar ligada al índice de precios de consumo (IPC). Esto ha provocado que el gasto en pensiones haya crecido mucho en los últimos años y que haya habido que buscar nuevas fuentes de ingresos. El déficit de la Seguridad Social se ha cubierto a través de transferencias directas a través de los presupuestos generales del Estado. Y se ha establecido una nueva herramienta que busca la sostenibilidad del sistema a largo plazo: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Entre 2023 y 2032, el MEI buscará sanear el Fondo de Reserva de la Seguridad Social vía impuestos, mediante una aportación extra del 0,6 % en las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores en activo. A partir de 2032, el MEI plantea dos escenarios. Uno en el que no se produce desviación del gasto, por lo que no habría que tirar de la hucha de las pensiones, y otro (el más probable) en el que sí seguiría existiendo déficit y habría que subsanarlo con el fondo de reserva.
La comprobación del gasto se hará cada tres años hasta 2060, cuando se espera que los desafíos demográficos que suponen el envejecimiento de la población se hayan estabilizado. Hasta entonces, las aguas por las que navegará el sistema público de pensiones estarán revueltas. Por eso también, el ministerio de Seguridad Social ha buscado fortalecer el ahorro privado a través de los planes de empleo (el llamado segundo pilar) como forma de reducir la presión sobre las pensiones públicas, que hoy siguen siendo la única fuente de ingresos para la mayoría de trabajadores jubilados.
