El sistema de pensiones de España, a pesar de toda la complejidad que engloba, se basa en un principio muy sencillo: los trabajadores en activo sostienen con sus cotizaciones las pensiones de los trabajadores jubilados. Para ello, como en cualquier libro de cuentas, hay que buscar el equilibrio entre el dinero que entra y el que sale, es decir, entre los trabajadores y los pensionistas. En las últimas décadas, sin embargo, ese equilibrio se ha roto, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las pensiones. Y lo ha hecho por un problema que está haciendo tambalearse los cimientos del sistema: el desafío demográfico.
La población de la Unión Europea y de España está prácticamente estancada, en términos absolutos, e incluso podría empezar a reducirse ligeramente en las próximas décadas. En este contexto, las bajas tasas de fertilidad y el aumento de la esperanza de vida están provocando el envejecimiento de la población. Según el servicio estadístico Eurostat, el número de personas con más de 65 años en la UE es hoy de 90 millones y pasará a 129,8 millones en 2050, si nada cambia. En este periodo, el número de mayores de 75 aumentará un 56 %, mientras que el de menores de 55 bajará un 13,5 %.
Pocos países representan el envejecimiento de la población de forma tan clara como España. Según los datos del Gobierno, la población de España todavía crecerá en dos millones de personas en los próximos años gracias al saldo migratorio positivo, pero el saldo vegetativo (los nacimientos menos las defunciones) es negativo desde hace años. Hoy, por cada español menor de 15 años hay 1,2 mayores de 65. En 2050, la esperanza de vida al nacer se situará en torno a los 85-90 años, convirtiéndose en la más elevada del mundo y, en 2066, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años.
Otro dato importante es el de la tasa de dependencia demográfica, que expresa el tamaño de la población mayor de 65 años respecto al tamaño de la población en edad de trabajar. En la Unión Europea era del 25,9 % en 2001 (es decir, casi cuatro personas en edad laboral por cada mayor de 65), pero en 2019 era ya del 34,1 %. Las proyecciones demográficas sugieren que esta tasa de dependencia seguirá aumentando con rapidez y alcanzará el 56,7 % en 2050, cuando habrá menos de dos personas en edad de trabajar por cada persona mayor.
Más allá de las medias de la UE, el caso español es especial, ya que se encuentra entre los países con una población más envejecida y con una de las tasas de dependencia más altas proyectadas para mediados de siglo (superior al 60 %), solo por detrás de Portugal, Grecia e Italia. En 2050, habrá 1,7 trabajadores en activo por cada jubilado. Esta realidad entra en conflicto directo con el principio de reparto del sistema público de pensiones contributivas, ya que cada vez habrá menos trabajadores por cada pensionista. Es decir, el envejecimiento de la población pone y seguirá poniendo en jaque la sostenibilidad de las pensiones en España
Con esto en mente, en las últimas décadas se han puesto en marcha algunas medidas puntuales para mitigar la situación y el futuro de las pensiones. En 2011, se introdujo el retraso gradual de la edad de jubilación, que alcanzará los 67 años en 2017, se revisó el cálculo de la cuantía de pensión con el objetivo de reducirla y se introdujeron incentivos para alargar la vida laboral. En 2013 se introdujeron dos nuevos factores para frenar la revalorización de las pensiones (hasta entonces ligada al índice de precios al consumo o IPC), pero nunca llegaron a hacerse efectivos.
Más recientemente, la revaloración ha vuelto a ligarse al IPC, pero en 2023 volvió a revisarse la fórmula de cálculo de la pensión y se introdujeron nuevas vías de ingresos, como el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad (que ya te explicamos aquí). Además, se han introducido novedades legislativas para reforzar el segundo pilar de la previsión social, los llamados planes de pensiones de empleo. Sin embargo, ninguna de estas reformas es suficiente.
En su último informe sobre la situación de la economía española, el Fondo Monetario Internacional ha subrayado la necesidad de establecer políticas para hacer frente a las crecientes presiones sobre el gasto relacionadas con el envejecimiento de la población. El organismo señala que las últimas reformas han introducido herramientas importantes, pero que es muy posible que en el futuro cercano sean necesarias nuevas medidas que aseguren la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo.
De acuerdo con los expertos de WTW, es esencial establecer medidas adicionales para asegurar el futuro de las pensiones, dado que los retos demográficos actuales socavan los cimientos del sistema. Estos desafíos requieren una respuesta multifacética que incluya reformas en la edad de jubilación, incentivos para alargar la vida laboral y para el empleo de personas mayores y una revisión de las contribuciones y los beneficios. Solo a través de un enfoque equilibrado y proactivo se puede garantizar que el sistema de pensiones de España sea capaz de proporcionar seguridad financiera a las generaciones futuras.
