El Acuerdo de París es la hoja de ruta para mitigar el cambio climático y contener sus peores efectos a corto y largo plazo. Su principal objetivo es que todas las economías y sectores del planeta alcancen el llamado cero neto, es decir, que no se emitan más gases de efecto invernadero a la atmósfera de los que se pueden capturar, de forma natural o artificial. Por eso, en los últimos años ha ganado fuerza una amplia gama de proyectos tecnológicos de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés), particularmente interesantes en el sector energético.
Las dificultades para eliminar por completo algunas fuentes de emisiones, como es el caso de aquellas ligadas a los combustibles fósiles, han hecho que muchas empresas del sector hayan dirigido parte de sus esfuerzos de descarbonización a la captura y almacenamiento de carbono. A finales de 2023, había 312 proyectos de CCS en construcción o desarrollo en todo el mundo, un 57 % más que el año anterior. Los próximos años serán clave para conocer el verdadero alcance y potencial de estas tecnologías.
Ante este escenario, ¿qué riesgos deberían tener en cuenta los inversores y otros grupos de interés? ¿hasta qué punto está preparada la industria de los seguros? El informe Energy Market Review 2024, publicado por WTW, dedica un capítulo específico a responder a estas preguntas. Estas son las principales conclusiones.
Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos acumulan, por ahora, el grueso de los proyectos CCS que están en desarrollo. Son, también, los que más cambios legales han implementado en los últimos años para dar cabida y potenciar este tipo de tecnologías.
Muchos de los riesgos asociados a la cadena de valor de la captura y el transporte de carbono entran dentro de lo que el mercado asegurador puede asumir, desde la construcción de las instalaciones hasta los sistemas de tuberías. Sin embargo, sí existen algunas cuestiones que no forman parte del apetito de riesgo habitual de las aseguradoras. Una de ellas tiene que ver con los incentivos fiscales que recibe el emisor de dióxido de carbono y la responsabilidad asumida si el proyecto CCS no funcionara como se esperaba. Aunque el mercado asegurador está empezando a proponer algunas soluciones, los productos todavía están en desarrollo.
En caso de fuga, las regulaciones actuales exigen al operador que repare la instalación antes de continuar funcionando, por lo que dejará de recibir ingresos temporalmente. Para este caso, sería necesaria una cobertura de interrupción del negocio, que podría ampliarse para cubrir también a las organizaciones emisoras de gases, cuyo flujo de ingresos pueda verse afectado.
En cuanto a los posibles daños causados al medioambiente, por contaminación de aguas subterráneas o degradación de la vida marina, por ejemplo, estos podrían estar cubiertos por un seguro de responsabilidad ambiental, que puede tener coberturas frente a reclamaciones por daños a terrenos o los gastos de limpieza de un vertido. Además, una vez completada la vida útil de los pozos de almacenamiento, todavía existe la posibilidad de que se produzcan daños ambientales, por lo que los operadores seguirán siendo responsables de los mismos durante el periodo de tiempo que establezca la regulación (en Reino Unido, por ejemplo, es de 20 años).
Es por todo esto que tanto el mercado asegurador como los operadores de los diferentes proyectos deben continuar trabajando de la mano para encontrar soluciones apropiadas que cubran los riesgos derivados del proceso de captura y almacenamiento de carbono y entren, a la vez, dentro de la capacidad aseguradora que puede ofrecer el mercado.
Dado que con gran probabilidad la actividad vinculada a la captura y el almacenamiento de carbono seguirá aumentando a gran velocidad en los próximos años, el sector seguros es clave para garantizar que estas tecnologías sean funcionales y beneficien a la sociedad y al medioambiente.
